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 | Río de Janeiro.- A pesar del rechazo de grupos ecologistas y de comunidades indígenas, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó la concesión para la construcción de una polémica planta hidroeléctrica en la Amazonia.
"Estamos haciendo posible algo que parecía imposible. Es una victoria para el sector energético", aseguró el mandatario en Brasilia al referirse al proyecto de la represa de Belo Monte sobre el río Xingu, afluente del Amazonas.
Los trabajos se iniciarán en octubre y estarán a cargo de 18 empresas privadas y la estatal Eletrobras, que mantendrá 50 % del control.
Una vez finalizada, Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de las Tres Gargantas, en China, y de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, cuyo gobierno planea que la nueva planta proporcione electricidad a millones de hogares.
La presa provocará desastres ecológicos por la inundación de un área de más de 500 kilómetros cuadrados de selva; obligará al desplazamiento de 40 mil personas, entre ellos doce mil indígenas, y perjudicará la economía de las comunidades que subsisten de la pesca en el río Xingu al reducir su caudal.
"Están firmando la sentencia de muerte del Xingu y la expulsión de miles de ciudadanos del río que consideran suyo", afirmaron 56 entidades científicas, indígenas, religiosas y sociales.
Las tribus arara, kayapó, parakanã, asurini, jurana, arawaté y xikrin han declarado la guerra a la obra, que afectará al territorio nativo de Paquicamba, en un proyecto que enfrenta juicios por violación de los derechos constitucionales de las poblaciones amenazadas.
El plan es parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), del cual se había responsabilizado a Dilma Rousseff, candidata presidencial de Lula, favorita para ganar las elecciones del próximo 3 de octubre. (Foto: Agencias)
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| Auge petrolero y depredación en Veracruz Enviado el Monday, 05 July a las 00:00:00
Tópico: Contaminación
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 * Los daños del Proyecto Aceite Terciario del Golfo.
* Ni PEMEX ni contratistas responden por los daños.
* Orden de arrasar sembradíos y árboles en predios.
* Fueron ocupados mediante acuerdos verbales.
* La riqueza pasa de largo en comunidades afectadas.
Redacción / IK BALAM
Poza Rica , Veracruz
Los pozos petroleros de Poza Rica, Veracruz, forman parte del proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex) llamado Aceite Terciario del Golfo, por medio del cual se pretende extraer más de 17 mil millones de barriles; sin embargo, habitantes de las comunidades se quejan de contaminación, deforestación y pérdida de cultivos.
Atraídas por los contratos para extraer más de 17 mil millones de barriles de crudo en varias décadas, decenas de compañías nacionales y extranjeras desempolvaron la llamada Faja de Oro, donde Pemex realiza el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), el más ambicioso del sexenio, considerado una fuente de gas y aceite, ante el declive de otros yacimientos de hidrocarburos en el país.
La llegada de miles de obreros y ejecutivos que demandan vivienda, comida y otros servicios devolvió a nueve municipios el auge económico de la primera mitad del siglo pasado, que generó una ola de crecimiento urbano.
En el paleocanal de Chicontepec, que incluye los municipios de Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo de Tempache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepetzintla, en Veracruz, y Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec, en Puebla, se han perforado dos mil pozos, 800 en los tres años recientes, y para 2010 se pretende excavar 500 más.
En la zona no se habla de otra cosa que la riqueza del subsuelo, que debe extraerse ante el declive de yacimientos como Cantarell, en la sonda de Campeche.
El gobierno de Veracruz, encabezado por Fidel Herrera Beltrán, hizo del proyecto ATG una de las banderas de su administración y el 18 de marzo de 2010 anunció la apertura de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para atender las eventuales controversias laborales.
Según datos de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se han generado más de ocho mil empleos.
Hace menos de una década, el corredor petrolero norte languidecía por la escasa producción de hidrocarburos. En 1910 y 1926 se descubrieron los yacimientos más importantes en Coatzintla y Poza Rica, que tuvieron su auge productivo en la década de 1940. En la siguiente decayó y las empresas perforadoras se fueron.
Medio siglo después, la vorágine de la perforación de pozos y la extracción de crudo ha vuelto a la región, donde se encuentra 39 % de las reservas petrolíferas de México.
Al corredor Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán, considerado el corazón del proyecto ATG, han llegado al menos 25 empresas subcontratadas por Pemex para hacer trabajos de localización y extracción de hidrocarburos, y desarrollar tecnologías para fracturar las cavernas rocosas que guardan aceite y gas, entre ellas Schlumberger, ICA Flour y Drillers Tecnology y Wheaterford.
“Volvimos a resurgir”, asegura eufórico el diputado federal Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, dirigente de la sección 30 del sindicato petrolero.
 Sin embargo, la bonanza generada por la explotación del paleocanal de Chicontepec contrasta con el daño al ambiente y a las comunidades rurales donde se ubican los pozos.
Los lugareños se quejan de la cerrazón tanto de las empresas como de la paraestatal para hacerse cargo de las afectaciones.
“Lo que se llevan de aquí no se compara con lo que nos dejan: envenenan el agua, talan árboles y destruyen nuestros cultivos. Pemex viene y depreda”, coinciden autoridades ejidales de los poblados Palma Sola, Santa María, Corralillos, Úrsulo Galván, Emiliano Zapata, Guadalupe Víctoria, La Ortiga, Furberos, Contreras, Rancho Nuevo y Benito Juárez.
Esas comunidades concentran 70 % de los pozos perforados. La mayoría se localiza en Palma Sola y Furberos, donde se vivió el auge de la producción petrolera entre 1902 y 1910, cuando la Oil Fields of Mexico Company perforó los primeros pozos.
Los habitantes más viejos aseguran que estos yacimientos llegaron a producir 10 mil barriles de petróleo al día.
Pero a cien años de distancia, “de bonanza en bonanza”, la pobreza y marginación no ha variado en las comunidades: carecen de drenaje, sus calles no están pavimentadas y la única carretera es intransitable, debido a que los vehículos pesados de Pemex y las compañías subcontratadas la deterioran a diario.
“Nadie las repara, ni siquiera las autoridades locales”, acusa Jacinto Pérez Joaquín, subagente municipal de Palmeros. En los tres años recientes, los lugareños han impedido algunas veces el paso de dichas unidades para exigir la reparación de baches o la limpieza de los arroyos contaminados.
En las represas que las empresas construyen para depositar los residuos de hidrocarburos ha habido derrames en temporada de lluvia. En un año, el arroyo Cocineros y otros cuerpos de agua se han contaminado tres veces con aceite.
La tala de zonas arboladas ha tenido un auge inaudito, pues las compañías pagan 6 mil pesos por cada árbol de madera preciosa derribado, algunos de más de 100 años de edad.
Los propietarios de los predios con los cuales Pemex o las empresas celebran “contratos verbales” de arrendamiento hasta por 30 años son obligados a deshacerse de la vegetación “que estorba”.
“Hay al menos 16 terrenos ejidales devastados. Se destruyeron sembradíos y se derribaron árboles como si fueran naipes. Todo el pueblo se está quedando pelón”, se queja Bertha Salcedo Díaz, comisaria ejidal de Palma Sola. La bonanza pregonada “no compensa en nada lo que nos están haciendo”, agrega.
El 25 de marzo, Pérez Joaquín y Salcedo Díaz entregaron en la Cámara de Diputados una queja dirigida al presidente Felipe Calderón, en la que detallan las afectaciones ocasionadas por el ATG y piden solucionar el problema.
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