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Río de Janeiro.- A pesar del rechazo de grupos ecologistas y de comunidades indígenas, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó la concesión para la construcción de una polémica planta hidroeléctrica en la Amazonia.

"Estamos haciendo posible algo que parecía imposible. Es una victoria para el sector energético", aseguró el mandatario en Brasilia al referirse al proyecto de la represa de Belo Monte sobre el río Xingu, afluente del Amazonas.

Los trabajos se iniciarán en octubre y estarán a cargo de 18 empresas privadas y la estatal Eletrobras, que mantendrá 50 % del control.

Una vez finalizada, Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de las Tres Gargantas, en China, y de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, cuyo gobierno planea que la nueva planta proporcione electricidad a millones de hogares.

La presa provocará desastres ecológicos por la inundación de un área de más de 500 kilómetros cuadrados de selva; obligará al desplazamiento de 40 mil personas, entre ellos doce mil indígenas, y perjudicará la economía de las comunidades que subsisten de la pesca en el río Xingu al reducir su caudal.

"Están firmando la sentencia de muerte del Xingu y la expulsión de miles de ciudadanos del río que consideran suyo", afirmaron 56 entidades científicas, indígenas, religiosas y sociales.

Las tribus arara, kayapó, parakanã, asurini, jurana, arawaté y xikrin han declarado la guerra a la obra, que afectará al territorio nativo de Paquicamba, en un proyecto que enfrenta juicios por violación de los derechos constitucionales de las poblaciones amenazadas.

El plan es parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), del cual se había responsabilizado a Dilma Rousseff, candidata presidencial de Lula, favorita para ganar las elecciones del próximo 3 de octubre.
(Foto: Agencias)

Los mazahuas, con menos bosques y más sed

Enviado el Saturday, 03 July a las 23:43:25
Tópico: Derechos de los pueblos originarios

* Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua.
* Acuerdos gubernamentales incumplidos en 2004.
* En Valle de Bravo no saben lo que es la escasez de agua.
* Continúan los conflictos en el sistema Cutzamala.
* Hay que multiplicar esfuerzos para atender necesidades familiares.


Redacción / IK BALAM
Villa Victoria, Estado de México.


En septiembre de 2004 apareció el Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua a las puertas de la planta potabilizadora Los Berros, armado con rifles de madera y argumentos: aledañas a las presas del sistema Cutzamala –que abastece de 25 % de agua potable al valle de México– las comunidades carecían del servicio, sus cultivos se inundaban y veían perder los bosques; pero varios años después la situación no ha cambiado.


A pesar de que a partir de esa movilización representantes de cinco comunidades –donde residen unas diez mil personas– firmaron acuerdos con el gobierno federal para solucionar sus demandas, éstas siguen vigentes.


Los mazahuas de esta zona sufren cotidianamente la escasez de agua, no sólo porque no tienen la red de distribución del servicio, sino porque ahora ven secarse los manantiales y bajar la afluencia de los ríos, que es de donde tradicionalmente se surten.


“Hace cinco años decidimos organizarnos, porque no era justo que se llevaran el agua al Distrito Federal y nosotros no la tuviéramos, además nos inundaban los cultivos, como en 2003, cuando el agua de las presas se desbordó”, recuerda Victoria Martínez, quien era una de las líderes del movimiento, que entonces también era conocido como Frente Mazahua.


Mientras del sistema Cutzamala que se ubica en esta zona se mandan 14 mil 500 litros por segundo a nueve delegaciones del Distrito Federal y 13 municipios mexiquenses, de los cuales 45 % se pierde en las fugas de las tuberías, pobladores de la región –donde viven casi 22 mil personas– tienen que caminar a las fuentes de agua para obtener el recurso, o deben esperar a que cada dos o tres días a la semana les llegue por unas horas el servicio por las tuberías.


Sobre todo las mujeres padecen por el agua, para lavar la ropa, para la comida, dice Victoria. “Empezamos a defender los derechos humanos, los recursos naturales. Estamos a unos metros de las presas y de la planta de Berros. No tenemos agua, tenemos que esperar a que llegue un rato cada tercer día para almacenarla. No somos comunidades aisladas para que no nos llegue el líquido, como muchas veces dice el gobierno que por eso no hay agua en estos lugares.”


Vive en San Isidro, a espaldas de la planta potabilizadora, y donde hay cientos de habitantes que carecen del servicio.


En diversas ocasiones la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha argumentado que el rezago en el abasto en las zonas rurales, que llega a 30 % de la población –en las áreas urbanas la cobertura es de 95 %–, se debe a que se encuentran aisladas.


Pero en esta zona, que está a una hora del Distrito Federal, gran parte de las comunidades sufren por esta situación, aunque en el centro vacacional de Valle de Bravo –a 30 minutos de este lugar– las casas de fin de semana de gente que vive en el Distrito Federal o en Toluca, sí tienen el servicio. “Ahí no saben lo que es la escasez.”


Victoria, en la sala de su casa, desde cuyo ventanal se ve la planta blanca y azul de Los Berros, detalla que las demandas que enarbolaron hace unos años eran la reforestación, la conservación de manantiales, de los ríos y proyectos para evitar la erosión.


Recuerda que tuvieron reuniones con la Secretaría de Gobernación y la Conagua después de que hicieron protestas frente a las instalaciones de esas dependencias y a las que acudieron decenas de mujeres.


Se firmaron acuerdos y se fijaron plazos, el resultado fue que “ellos dieron dinero, que llevó a la división de la organización y surgió el Movimiento Mazahua. Ahora nosotros trabajamos con recursos propios en la cosecha de agua, en la restauración de manantiales, letrinas secas, reforestación”.


En algunas de las comunidades se tendió la red de distribución de agua, pero no tienen el recurso. “No se descarta de que algún día nos movilicemos otra vez; la sequía ahora está muy crítica. Después de los dos años pasados, vinieron las lluvias de febrero y ahorita hay agua. Pero no se hace nada por recuperar los bosques, que son los que producen el líquido, y el clima ha cambiado. Tampoco se hace control de la erosión, la tierra se va a los ríos, presas y lagos. Como originarios de la región, nos interesa tener agua”.


En la comunidad Casas Coloradas viven unas mil 200 familias; no hay pozos, ni existe red de agua potable, el líquido para beber se obtiene de los manantiales. Algo similar ocurre en El Espinal, que se encuentra a un lado de la presa Villa Victoria, y el comisariado ejidal, Ignacio González, dice que utilizan los escurrimientos de la presa. Lo mismo pasa en San Pedro del Rincón, en los Cedros, en Villa Victoria. Las comunidades mazahuas viven en estas condiciones.


El sistema Cutzamala dota, desde 1982, al Distrito Federal de 25 % del agua que consume. Tiene siete presas, Tuxpan y El Bosque, en Michoacán; y Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el estado de México.


A unos 120 kilómetros del Distrito Federal, el sistema originalmente –en la década de los 40– fue concebido para el Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. Cuenta con un acueducto de 205 kilómetros, la potabilizadora Los Berros, y seis plantas de bombeo.


La Conagua debió archivar la cuarta etapa del sistema Cutzamala, prevista en Temascaltepec, cerca de la región de Tierra Caliente, Guerrero, donde se retendría el agua del río para llevarla a la presa de Valle de Bravo. Los habitantes de esta zona en diversas ocasiones han rechazado el plan.


Ahora la Conagua y el gobierno del Distrito Federal buscan otras opciones para obtener más agua, “sin entender que es un problema de sostenibilidad ambiental, es un problema integral. Ahora hay agua en las presas por las lluvias de febrero, pero la sequía volverá porque todo está deforestado, no hay zonas de recarga del agua”, señala Santiago Pérez, abogado que asesora a las comunidades.


 
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