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 | Río de Janeiro.- A pesar del rechazo de grupos ecologistas y de comunidades indígenas, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó la concesión para la construcción de una polémica planta hidroeléctrica en la Amazonia.
"Estamos haciendo posible algo que parecía imposible. Es una victoria para el sector energético", aseguró el mandatario en Brasilia al referirse al proyecto de la represa de Belo Monte sobre el río Xingu, afluente del Amazonas.
Los trabajos se iniciarán en octubre y estarán a cargo de 18 empresas privadas y la estatal Eletrobras, que mantendrá 50 % del control.
Una vez finalizada, Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de las Tres Gargantas, en China, y de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, cuyo gobierno planea que la nueva planta proporcione electricidad a millones de hogares.
La presa provocará desastres ecológicos por la inundación de un área de más de 500 kilómetros cuadrados de selva; obligará al desplazamiento de 40 mil personas, entre ellos doce mil indígenas, y perjudicará la economía de las comunidades que subsisten de la pesca en el río Xingu al reducir su caudal.
"Están firmando la sentencia de muerte del Xingu y la expulsión de miles de ciudadanos del río que consideran suyo", afirmaron 56 entidades científicas, indígenas, religiosas y sociales.
Las tribus arara, kayapó, parakanã, asurini, jurana, arawaté y xikrin han declarado la guerra a la obra, que afectará al territorio nativo de Paquicamba, en un proyecto que enfrenta juicios por violación de los derechos constitucionales de las poblaciones amenazadas.
El plan es parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), del cual se había responsabilizado a Dilma Rousseff, candidata presidencial de Lula, favorita para ganar las elecciones del próximo 3 de octubre. (Foto: Agencias)
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| La mala calidad del aire Enviado el Thursday, 17 June a las 20:49:34
Tópico: Colaboraciones
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 * Atención al estudio de Leonora Rojas.
* Contaminación urbana y regional.
* Quema de hidrocarburos y exceso vehicular.
Iván Restrepo / La Jornada / IK BALAM
Ciudad de México
El Instituto Nacional de Ecología (INE) es una dependencia gubernamental que goza de buena fama, cuyos estudios contribuyen a tener una mejor idea de los problemas ambientales y se suman a los elaborados por los centros de investigación especializados en el tema ecológico.
Por eso merece atención un estudio reciente dado a conocer por Leonora Rojas, directora general de investigación sobre la contaminación urbana y regional de esa entidad.
Según la investigación, en el valle de México casi 20 millones de personas viven en áreas con mala calidad del aire. En Guadalajara suman cuatro millones, en Monterrey tres millones, y con un millón cada una aparecen Toluca y Ciudad Juárez.
Esa contaminación se debe a la quema de hidrocarburos por el transporte público y privado; a millones de vehículos que circulan por calles y avenidas, que consumen gasolina y diesel, y generan, por ejemplo, monóxido de carbono, bióxido de azufre y partículas.
Contaminan, aunque sean muy modernos. Y lo hacen mucho más los modelos antiguos, los camiones de carga y hasta los del propio gobierno, obsoletos desde el punto de vista ambiental.
No está de más recordar que, a finales de 2008, la doctora Rojas advirtió que si la gasolina que se consume en el país tuviera un Contenido Ultrabajo de Azufre (UBA) se evitaría la muerte prematura de 17 mil personas, y de 58 mil casos de bronquitis crónica y otras enfermedades.
El ahorro para el sector salud sería de unos diez mil millones de dólares, suficientes para construir dos refinerías de tamaño medio para producir gasolina de buena calidad y que ahora se importa a alto costo en divisas.
Aunque existe la norma oficial 086 que especifica la calidad ambiental de los combustibles y ordena bajar radicalmente el azufre en diesel y gasolina, no se cumple en su totalidad. En junio de 2009, Pemex solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una prórroga de cinco años a dicha norma.
Esto, pese a las numerosas promesas oficiales de producir combustibles que garanticen la salud de la población.
Este asunto se agrava especialmente en las ciudades debido al aumento del parque vehicular, al lento desplazamiento que éste registra por la falta de vías de comunicación adecuadas y de un transporte público eficiente, lo que contribuye cada vez más a las emisiones contaminantes.
A todo lo anterior se suma la actividad industrial, que genera gases diversos, entre los que se encuentran los precursores del ozono, cuyo efecto en la salud ha sido muy poco estudiado en México.
Agreguemos el daño que ocasionan las partículas provenientes de la erosión de las áreas de reserva y la falta de verdes en parques y camellones.
Estamos, en suma, ante una mezcla de contaminantes que a todos afecta; especialmente al sistema respiratorio, cardiovascular y visual de niños y ancianos.
El reporte del INE que da a conocer Leonora Rojas también dice que, en 2008, los habitantes del valle de México tuvieron 185 días con niveles de contaminación atmosférica arriba de lo que fija la norma. Más de la mitad del año.
En Monterrey fueron 105 días; en Guadalajara, 61; es decir, que la salud pública no va bien, y lo malo es que el sector salud federal y el local no miden sistemáticamente los daños que sufrimos por la mala calidad del aire. Solamente hay estudios parciales.
Pese a ello, los datos anteriores concuerdan con los del sector salud y las universidades: millones de personas viven en las grandes ciudades expuestas a una mala calidad del aire, lo que contrasta con la información de los gobiernos locales, la cual asegura que vamos bien en la reducción de la contaminación atmosférica.
En el caso de la ciudad de México, ya no somos una de las más contaminadas del mundo. ¿Y la zona conurbada? Es cierto: estaríamos peor de no haber mejorado la calidad de las gasolinas y contar con vehículos más modernos; pero no podemos caer en triunfalismos: la contaminación sigue y hay que reducirla, pues sólo en el valle de México mata cada año a 4 mil personas.
Estos muertos no deben minimizarse, como hace el licenciado Felipe Calderón con las “víctimas civiles” que deja su guerra contra el narcotráfico.
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