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El gobierno de Oaxaca protege a grupos paramilitares para regular por medio de la fuerza el acceso a San Juan Copala, o es incapaz de asegurar el libre tránsito en esa región de la mixteca, por haber perdido la capacidad de hacer que se cumpla la ley en esa agreste región.

Cualquiera que sea la respuesta a ese dilema revela una infracción gubernamental a sus responsabilidades, en perjuicio de miles de pobladores de una comarca sacudida desde hace tiempo por conflictos intercomunitarios.

Frente a ellos, en vez de contribuir a la conciliación como es deber de quienes tienen a su cargo la gobernabilidad, la administración oaxaqueña azuza los antagonismos y protege a quienes combaten a los disidentes.

No es oportuno en este momento remontarnos a los antecedentes históricos de las disputas por la tierra y por la autonomía en la región triqui. Basta considerar que el intento de la comunidad de San Juan Copala por constituir un municipio que mejore las condiciones de su convivencia, lastradas ahora por su pertenencia al de Juxtlahuaca, se estrelló contra la fuerza de grupos paramilitares auspiciados por el gobierno estatal.

Al cabo de una batalla sorda, en noviembre pasado los paramilitares ocuparon la sede del ayuntamiento autónomo e impusieron un cerco en torno del poblado. En diciembre todavía continuaron la agresión, que cobró la vida de dos niños.

Ante el agobio producido por el sitio impuesto a San Juan Copala, se integró una caravana de paz que a bordo de varios vehículos pretendió llevar ayuda humanitaria a los copalenses asediados.

Sus organizadores dieron aviso a las autoridades estatales que, con cachaza irresponsable avisaron que no podían garantizar la seguridad del convoy, que emprendió su camino el 27 de abril.

Y en efecto no pudieron hacerlo, ya que la caravana fue objeto de un grave ataque a balazos, que además de causar lesiones a muchos de sus integrantes, privó de la vida a los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, éste procedente de Finlandia.

Dos periodistas del semanario Contralínea, que acompañaban a la caravana, fueron heridos y durante unas horas retenidos por los agresores.

El gobierno estatal alegó que está fuera de su alcance contener a los grupos paramilitares, grave confesión que revelaría su condición de gobierno fallido. En realidad es su encubridor y aun su cómplice.

De no serlo, habría iniciado las averiguaciones penales correspondientes a esos asesinatos. Más claramente se percibió esa connivencia pocos días después cuando el líder de los copalenses Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Tieriberta Castro, fueron ultimados en su propia casa en San Juan Copala, en un zona a la que sólo tienen acceso aquellos a quienes los invasores de la localidad autorizan.

Como es obvio, tampoco se ha tratado de indagar quiénes asesinaron a esas personas, a pesar, o por ello mismo, de la relevancia que tenían sus vidas en la comunidad triqui.

Con objeto de romper ese brutal cerco y llevar ayuda humanitaria a la población asediada, se organizó una nueva caravana, de mayores dimensiones y de mayor densidad política.

Se la bautizó con los nombres de las víctimas del intento precedente, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola. La integraron agrupaciones civiles, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un grupo de diputados federales, algunos del Partido del Trabajo; pero principalmente de la fracción perredista, a cuya cabeza viajó Alejandro Encinas.

Emprendieron su viaje el martes 8 de junio por la mañana. Iban en el entendido de que su misión podría fracasar, en el más benévolo de los casos, y que correrían riesgo de sus vidas, en el peor extremo. Marchaban a contracorriente.

El gobierno federal, cuando le fue notificado que uno de los propósitos de la caravana era entregar 30 toneladas de alimentos y otra clase de ayuda, fingió apoyarlos pero puso tal cantidad de trabas burocráticas (como entregar una relación de las visas de visitantes extranjeros y su status migratorio).

El convoy fue detenido al menos por tres retenes de la policía estatal que, en el mundo al revés, en vez de acompañar a los viajeros para garantizar su seguridad, pretendió disuadirlos de ir adelante, sobre el mismo alegato entre cínico y resignado: no podían ofrecer las seguridades que todo gobierno debe impartir a los viajeros.

En plena abdicación de sus deberes, espetaron a los miembros de la caravana que, si seguían de frente era bajo su propia responsabilidad.

La procuradora de justicia del estado, María de la Luz Candelaria, apareció en el último retén, ya próximo el territorio en disputa, y reconoció que se trataba de un camino sin ley, de tierra de nadie.

Admitió que en esa zona había mucha gente armada, que ponía en peligro no sólo a los miembros de la caravana, sino a la propia policía estatal y a funcionarios del gobierno estatal que la acompañaban.

Semejante advertencia hicieron el comisionado de la policía estatal Jorge Alberto Quezada y aun el presidente de la Comisión de derechos humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García. En esas circunstancias, los líderes de la caravana decidieron retornar, no sin depositar en las inmediaciones de San Juan Copala, a buen resguardo, la ayuda humanitaria que se proponían entregar.

Un gobierno autoritario como el de Ulises Ruiz no habría vacilado en imponer su voluntad en esta comarca del conflicto trique. Pero le resulta más conveniente ejercer la mano dura por interpósitas personas y después fingir que no puede con ellas.